Explicó el trabajo desarrollado por la UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees) y se centró en el problema del agua y el pueblo palestino que resumió como “cuatro millones seiscientas mil personas exiliadas esperando solución a un conflicto que no llega”.

Tras explicar el contexto histórico y geográfico, pasó a dar datos sobre el reparto desigual y desproporcionado del agua, datos que demuestran que Cisjordania y Gaza se encuentran por debajo de las condiciones mínimas de salubridad, tanto en cantidad de agua como en calidad de la misma.

Explicó que desde 1967, con la ocupación israelí se establecieron leyes que determinaban la utilización del agua, bajo control único del Estado de Israel, con un sistema de permisos para nuevos pozos y cuotas de suministro gestionados por las fuerzas ocupantes y bajo su único control. 1993, con los acuerdos de Oslo abría nuevas esperanzas hacia el derecho a utilizar los recursos hídricos en el territorio pero al no llegar a desarrollarse el estado palestino, no se pudo articular legalmente.

Algunos ejemplos gráficos: Palestina puede acceder a 40 de los pozos abiertos en Cisjordania. Israel utiliza el 90% de los recursos hídricos. El acuífero costero sur, que nutre la franja de Gaza en la que viven los palestinos está actualmente al límite de la supervivencia por falta de recarga además de la salinización que conlleva su sobreutilización. Además no hay tratamiento de aguas residuales porque con los últimos ataques de Diciembre 2008 y Enero 2009 el ejército israelí destruyó las plantas depuradoras con lo que se vierte el agua al mar sin depurar, desplazando los bancos de peces, recurso básico para la población, más allá de las seis millas que la ocupación israelí permite desplazarse a los palestinos.

El muro de separación en territorio palestino aísla las fuentes de agua con lo que se restringe el abastecimiento.

Con muchos más datos concluyó que el problema del agua es un sistema complejo que acaba afectando a otros factores económicos y sociales, por lo que en estos momentos se puede hablar de crisis humanitaria.

La UNRWA que desarrollaba trabajos en educación y salud, ha tenido que ampliar su actuación a salud ambiental por los efectos de la ocupación y las restricciones existentes.

Dio datos de las violaciones de Israel del derecho internacional: La Haya 1907 donde se regula el estatus de los estados ocupantes, prohibe modificar las leyes, explicita que el uso del agua debe ser militar y no puede modificar lo establecido antes de la ocupación; el IV Convenio de Ginebra donde se explicita que la población tiene derecho a la no discriminación (que no se cumple respecto al uso y disfrute del agua entre colonos, palestinos y refugiados); la Convención sobre usos no navegables del agua en referencia a las aguas transnacionales que debe ser equitativo y responsable teniendo en cuenta las características naturales del recurso compartido, las necesidades sociales y económicas de los estados que la comparten, la población y los efectos del uso propio, no solo actual sino potencial y futuro.

Explicó también cómo no se van a cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Palestina, ni el derecho a garantizar el acceso al agua potable ni en educación, desarrollo económico o seguridad alimentaria, recordando que acceder a esos derechos es fundamental para garantizar la supervivencia en el territorio.

En respuesta a distintas preguntas, habló sobre el trabajo de atención psicosocial que se lleva a cabo en los territorios ocupados, sobre todo con niños que viven aterrorizados por los continuos sobrevuelos de aviones y la situación de bloqueo, paro y la dependencia en un 73% de la ayuda humanitaria. No sólo se desestructura un pueblo, familias, sino que se desestructuran mentes.